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Aplazan para noviembre el juicio contra magistradas del Constitucional

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LA PAZ.- El juicio por supuesta prevaricación contra dos juezas del Tribunal Constitucional fue aplazado para el 4 de noviembre tras sufrir una de ellas una crisis nerviosa y un desmayo, informó hoy el Senado.
El presidente del Senado, el oficialista Eugenio Rojas, indicó a los medios que debido a la ausencia de la magistrada Ligia Velázquez, quien fue trasladada en la mañana a un centro médico, el proceso se reanudará el martes 4 de noviembre.
Para este juicio, el Senado se convirtió en un tribunal de sentencia tras la decisión tomada en julio por la Cámara de Diputados de enjuiciar a las magistradas por los supuesto delitos de prevaricación, resoluciones contrarias a la ley e incumplimiento de deberes por haber emitido un fallo sobre una ley de notarías.
La Cámara de Diputados y el Senado están bajo el control mayoritario del partido del presidente Evo Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), impulsor del juicio contra las juezas.
Los senadores de la oposición abandonaron hoy la audiencia al no estar de acuerdo con el juicio contra Velázquez y su colega Rosario Chanez, que están suspendidas del cargo desde julio pasado.
Los opositores han denunciado varias veces que el juicio contra las magistradas busca que el Ejecutivo pueda colocar en su lugar a jueces que respalden la reelección indefinida del presidente Evo Morales, algo que el Gobierno ha negado.
Horas antes del aplazamiento, Chanez dijo a Efe que este proceso supondrá un “precedente nefasto” para el órgano judicial porque, a su juicio, en adelante los magistrados de cualquier instancia no podrán emitir sentencias con independencia.
“Lamentablemente será un precedente nefasto, ya que este juicio no sólo nos implica a nosotras, sino a todo el órgano judicial. Ningún magistrado va a poder emitir un fallo de acuerdo a la ley y de acuerdo a un razonamiento jurídico, ninguna autoridad judicial va a poder emitir fallos con imparcialidad ni independencia”, agregó.
El Gobierno acusó a Chanez y Velázquez de dejar en suspenso una ley de notarías sin haber emitido previamente una sentencia como exige la normativa vigente, lo cual creó un precedente que podía afectar la seguridad jurídica y económica del país, según las autoridades.
En septiembre pasado, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Boliviaexpresó su preocupación por el juicio contra las magistradas porque “podría comprometer y afectar la independencia judicial en el país”.