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Bolivia rechaza el refugio al exasesor de Humala porque no probó ser perseguido

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LA PAZ.- La Comisión Nacional del Refugiado de Bolivia (Conare) rechazó definitivamente la petición de refugio del peruano Martín Belaúnde Lossio, exasesor del presidente de ese país, Ollanta Humala, y que está acusado de corrupción en Perú, porque no probó ser un perseguido político, informaron hoy fuentes oficiales.
La Conare no encontró en los documentos que presentó la defensa del peruano “ningún elemento que confirmara su pedido de refugio debido a ser objeto de persecución política”, dijo el ministro de Gobierno (Interior), Hugo Moldiz, a la radio estatal boliviana desde Viena, donde participa en una reunión de Naciones Unidas.
“Esta resolución de la Comisión de Impugnación es definitiva y el señor Belaúnde, en función de la ley boliviana a propósito del refugio, tiene 30 días para salir del país o para regularizar su situación, ya no en calidad de refugiado sino en calidad de un migrante irregular”, señaló Moldiz.
Belaúnde Lossio, quien fue asesor del presidente Humala en la campaña electoral de 2006, ha sido acusado de gestionar intereses de empresas particulares para adjudicarles contratos con el Estado peruano en Gobiernos regionales y obtener beneficios económicos personales.
El empresario tiene una orden de captura internacional desde el 11 de septiembre de 2014, después de que un tribunal de Perú ordenara en mayo su detención preventiva durante 18 meses por presuntos delitos contra la administración pública, peculado y asociación ilícita para delinquir.
Belaúnde pidió en diciembre pasado por primera vez refugio en Bolivia, con el argumento de que teme por su seguridad en Perú.
La Conare de Bolivia desestimó en primera instancia esa solicitud el pasado 23 de enero, pero el peruano apeló esa decisión.
El empresario permanece bajo arresto domiciliario en La Paz desde el pasado 21 de enero, por una disposición del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia, que atendió una solicitud de las autoridades judiciales de Perú en ese sentido.
El presidente boliviano, Evo Morales, y otras autoridades de este país han asegurado que Bolivia no va a proteger a personas acusadas de corrupción, aunque también han señalado que se deben cumplir los procedimientos internacionales para que Belaúnde vuelva a Perú.
Moldiz recordó hoy que el arresto domiciliario del peruano tiene una vigencia de 60 días, plazo que concluye el próximo 21 de marzo.
La Corte Suprema de Justicia de Perú solicitó el martes a las autoridades bolivianas prorrogar por otros 60 días la detención preventiva de Belaúnde.
El TSJ, con sede en la ciudad sureña de Sucre, confirmó este miércoles que recibió la solicitud, pero advirtió de que no puede tratarla porque los documentos enviados por las autoridades judiciales de Perú son simples “fotocopias” que no están legalizadas.
El magistrado de ese tribunal Pastor Mamani dijo a los medios que mientras esos papeles “no sean debidamente legalizados por la Cancillería y por el consulado pertinente” no serán un “documento válido” para tratar el caso.
Según Mamani, Bolivia no ha suscrito el Tratado de La Haya de 1961, que suprime la exigencia de legalización diplomática o consular para los documentos públicos extranjeros.
“Por lo tanto exigimos que para que un documento de un país, como el caso de Perú, sea válido en Bolivia, tiene que estar debidamente legalizado donde corresponde, es decir, por Cancillería y por el consulado” de ese país, insistió.
El procurador anticorrupción de Perú, Joel Segura, consideró positivo para los intereses del Estado peruano que la Conare deBolivia haya negado el refugio de manera definitiva al empresario.
Segura explicó que la estrategia del Estado peruano es seguir trabajando en la extradición del exasesor de Humala.
Según esa autoridad, “Bolivia espera hasta el 21 de marzo” para recibir un pedido de extradición”, desestimado hasta ahora en la Corte Suprema de Perú porque los delitos de asociación ilícita y peculado (apropiación indebida de caudales públicos) solo son aplicables a funcionarios públicos en el tratado entre ambos países.
“Si se solicita la extradición, la detención se extiende hasta el final del mismo proceso. (…) pero si Bolivia opta por el procedimiento de expulsión, optaremos por ese camino porque es más favorable para nosotros”, comentó Segura.
Agregó que la audiencia para sustentar nuevamente el pedido de extradición ante la Corte Suprema de Perú está fijada para el 17 de marzo.
Los abogados defensores de Belaúnde en Bolivia no se han pronunciado todavía sobre el tema.