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Exasesor de Humala apelará la decisión de Bolivia de negarle refugio político

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Exasesor de Humala apelará la decisión de Bolivia de negarle refugio político Imagen de un policía boliviano vigilando la oficina del Consejo Nacional del Refugiado (Conare). EFE/Archivo

El empresario prófugo peruano Martín Belaúnde Lossio apelará la decisión de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) de Bolivia de negarle refugio político, anunció hoy su abogado, Jorge Valda.
“Lo presentaremos en el plazo, Nosotros vamos a insistir en la solicitud, vamos a ser incisivos por la persecución política de Martín Belaúnde y esperemos que esta decisión sea considerada”, manifestó Valda en declaraciones recogidas por la agencia estatal ABI.
El ministro boliviano de Gobierno (Interior), Hugo Moldiz, anunció ayer que la Conare de Bolivia rechazó la petición de refugio efectuada por el empresario, que es también exasesor del presidente de Perú, Ollanta Humala.
Belaunde tiene un plazo de quince días para apelar esa decisión de la Conare, que a juicio de su abogado fue tomada de forma “muy apresurada”.
“La ley establece 120 días para pronunciarse”, recordó Valda, quien reiteró que su representado no tiene en Perú ni en ningún otro país una sentencia condenatoria “con la que se le pueda calificar de corrupto”.
El empresario peruano se entregó a la Policía boliviana el pasado 20 de enero, después de que el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia ordenara su detención preventiva “con fines de extradición”, mientras la Conare resolvía su petición de refugio.
Posteriormente, ese órgano judicial concedió a Belaúnde la detención domiciliaria, que el empresario está guardando en un domicilio particular de la ciudad de La Paz.
El ministro boliviano de Gobierno aseguró el domingo que su departamento aumentará la vigilancia para que la detención domiciliaria se desarrolle en buenas condiciones, “pero al mismo tiempo sea una garantía para que se cumpla con lo que la ley mande en su momento”.
Belaúnde, quien fue asesor de Humala en la campaña para las elecciones de 2006, está acusado de gestionar intereses de empresas particulares para adjudicarles contratos con el Estado peruano en Gobiernos regionales y obtener beneficios económicos personales.
Por ello, en mayo pasado un tribunal de su país ordenó su detención preventiva durante 18 meses.
Según el Gobierno peruano, el empresario es el presunto autor de delitos contra la administración pública, peculado (malversación de fondos públicos) y asociación ilícita para delinquir y tiene una orden de captura internacional desde el 11 de septiembre de 2014.