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HRW denuncia restricciones a las ONG que defienden DD.HH. en Bolivia

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HRW denuncia restricciones a las ONG que defienden DD.HH. en Bolivia En la imagen, el director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco. EFE/Archivo

La Paz, 5 ago (EFE).- La organización Human Rights Watch (HRW) denunció hoy que las restricciones impuestas por el Gobierno boliviano al trabajo de las organizaciones no gubernamentales (ONG), mediante dos normas, atentan contra el derecho a la libertad de asociación de los defensores de derechos humanos.
HRW informó en un comunicado que ha presentado un escrito con su opinión ante el Tribunal Constitucional (TC) de Bolivia, dentro de la acción de inconstitucionalidad presentada en 2013 por la Defensoría del Pueblo de ese país contra una ley y un decreto del Gobierno de Evo Morales.
Estas normas, según HRW, otorgan al Ejecutivo amplias facultades para disolver ONG.
“El modo en que la ley y el decreto de Bolivia sobre ONG han sido redactados permite que se tomen decisiones arbitrarias, basadas en motivaciones políticas, que vulneran el derecho a la libertad de asociación”, señaló el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, según el comunicado.
Añadió que Bolivia “debería derogar inmediatamente estas restricciones para asegurar que los defensores de derechos humanos puedan llevar adelante su trabajo libremente, lo cual es fundamental en toda sociedad democrática”.
El escrito con la opinión fue presentada como parte del mecanismo “amicus curiae” (amigo de la corte), que es una figura jurídica que permite a terceros apoyar a un tribunal a valorar un asunto.
El decreto cuestionado permite que cualquier entidad pública pida al Ministerio de Autonomías revocar la personalidad jurídica de una ONG cuando esta lleve a cabo actividades distintas de las señaladas en su estatuto, o si su representante es sancionado penalmente por acciones que atenten contra la “seguridad o el orden público”.
Por esta norma, el Parlamento, actualmente de mayoría oficialista, también puede solicitar que se revoque la personalidad jurídica en casos de “necesidad o interés público”.
La acción presentada por la Defensoría cuestionó la constitucionalidad de una disposición de la Ley de Otorgación de Personalidades Jurídicas que prevé que las ONG y las fundaciones deben especificar en sus estatutos su “contribución al desarrollo económico y social”.
También objetó una disposición del decreto que establece que se podrá revocar la personalidad jurídica de las organizaciones por “incumplimiento a las políticas y/o normas sectoriales”.
Según HRW, estas disposiciones contravienen las obligaciones contraídas por Bolivia al ser signataria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
“Ambos tratados imponen la obligación de respetar el derecho a la libertad de asociación y de asegurar el ejercicio libre y pleno de ese derecho por todos, sin discriminación”, indicó la organización.
El presidente Morales ha amenazado varias veces con expulsar del país a las ONG que conspiren contra su Gobierno o que promuevan movilizaciones para oponerse a los proyectos de su Gobierno.
Morales echó a la ONG danesa IBIS en 2014, acusándola de injerencia política y de financiar la división de los indígenas y en mayo pasado advirtió con expulsar del país a aquellas ONG y fundaciones privadas que perjudiquen la exploración de recursos naturales en parques nacionales.
En julio pasado, un centenar de ONG de 14 países americanos envió una carta al papa Francisco para expresarle su preocupación por “las severas limitaciones establecidas por el Gobierno boliviano al trabajo” de estas organizaciones en Bolivia, sobre todo, de las defensoras del ambiente y los derechos humanos.
La carta, promovida por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), menciona las normas cuestionadas por HRW al considerar que “han amedrentado” a las ONG “ante el riesgo de la pérdida de su personalidad jurídica para trabajar”.
“Muchas se han ‘silenciado’ para mantenerse en pie, otras han cerrado sus actividades, o se han convertido a otras modalidades jurídicas, para evitar el hostigamiento de parte del Gobierno”, sostuvo AIDA en esa misiva.