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La prensa boliviana acusa al Gobierno de Evo Morales de “asfixia económica”

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LA PAZ.- La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) de Bolivia acusó hoy al Gobierno de Evo Morales de atacar mediante “asfixia económica” a algunos medios al negarles publicidad estatal y denunció una persecución de parte de las autoridades tributarias por supuestas deudas.
Estas denuncias están contenidas en el informe “Estado de la Libertad de Expresión en Bolivia“, presentado hoy en la ciudad de Santa Cruz (este) por la ANP, que agrupa a los principales medios impresos del país.
El reporte indica que las agresiones a medios y periodistas se transformaron en los últimos dos años en una “metódica persecución fiscal a empresas periodísticas independientes por supuestas deudas tributarias” y en una “asfixia económica” al privárseles de publicidad gubernamental.
“La libertad de expresión ha sido lesionada nuevamente por una política orientada a dificultar el trabajo de periodistas y medios de comunicación comprometidos con el equilibrio informativo y la investigación de casos que involucran a funcionarios públicos”, indicó la entidad.
Según la ANP, está en marcha en el país “un modelo político enunciado como socialista y comunitario, expuesto reiteradamente en el discurso del vicepresidente Álvaro García Linera, y consistente en la toma definitiva del poder con el dominio total de la economía y el control en la emisión” de ideas y opiniones en los medios.
La institución también denunció que varias empresas periodísticas sufrieron un acoso “permanente” del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), sobre todo después de publicar alguna noticia “incómoda” para el Gobierno.
“La respuesta de los funcionarios es inmediata: visitan el medio, solicitan documentación y su presencia es interpretada como una forma de advertencia para que la línea editorial adopte una actitud lindante con la autocensura”, señaló la ANP.
Citó el caso de un periódico, cuyo nombre no fue precisado, al que funcionarios del SIN le pidieron información de archivo “con una fecha anterior” a la de su fundación.
También se menciona otro caso en el que el fisco no solamente acosó a un periódico en La Paz, sino que también acudió a sus anunciantes para “atemorizarlos” bajo la advertencia de que la contratación de espacios en ese medio “implicará represalias tributarias”.
“¿Existe un interés de fiscalizar a los medios de información, o se trata de una ofensiva contra la palabra independiente?”, cuestionó la institución.
La ANP se refirió a las dificultades financieras en que se encuentran varios medios por la “reducción de público lector”, situación que se complica por los beneficios laborales adicionales aprobados por el Gobierno, incluida la doble paga de Navidad cuando el crecimiento económico anual supera el 4,5 %.
Además, expresó inquietud sobre el hecho de que entre enero y los primeros días de abril se multiplicaron las agresiones físicas y verbales hacia periodistas, hasta alcanzar los 14 casos frente a 23 registrados en todo 2014.
La institución periodística protestó asimismo por el encarcelamiento durante tres días del informador Carlos Quisberth por entrevistar a una reclusa, y por la denuncia penal interpuesta por supuesto espionaje contra dos profesionales del diario La Razón por la publicación de un reportaje sobre la demanda marítima boliviana.
También criticó las elevadas multas impuestas por el órgano electoral durante la campaña para los comicios regionales celebrados en marzo a cinco medios de comunicación modestos, sanciones que se basaron en “una legislación electoral que quiebra la transparencia informativa”.