Inicio Breaking News Piden que se detengan las redadas en lugares de trabajo

Piden que se detengan las redadas en lugares de trabajo

85
0
Compartir

 Una coalición de organizaciones civiles solicitaron hoy a un juez federal una orden preliminar que suspenda inmediatamente las redadas que lleva a cabo la Oficina del Alguacil del Condado Maricopa, Joe Arpaio, y que han culminado en el arresto de docenas de trabajadores indocumentados, se informó hoy.
El grupo solicitó a un juez que impida que la oficina de Arpaio y del Procurador de Justicia del Condado Maricopa (MCAO) continúen aplicando leyes estatales referidas al robo de identidad, las cuales son la base para estos operativos y la posterior detención de los trabajadores.
El pasado mes de junio, el grupo Puente en Arizona, en representación de un grupo de trabajadores, presentaron una demanda en contra de Arpaio en la que solicitaron el cese de estos operativos.
El grupo cuestiona la forma en que estas leyes, aprobadas por la legislatura estatal en 2007 y 2008, son aplicadas e interpretadas por la oficina de Arpaio y del procurador de Justicia.
Trabajadores indocumentados detenidos durante estas redadas enfrentan con frecuencia cargos de robo de identidad, aún si utilizan un número de Seguro Social inexistente y que es inventado por ellos mismos.
Desde la aprobación de estas leyes, la oficina de Arpaio, la única agencia del orden en llevar a cabo este tipo de operativos en todo el estado de Arizona, ha arrestado a más de 790 trabajadores bajo estos cargos.
“Nuestros miembros van a trabajar sin saber si van a regresar a casa en caso de que Arpaio decida llevar a cabo otra redada. No podemos esperar más para que estos operativos paren. Cada día que el alguacil y la oficina del fiscal del Condado Maricopa hacen blanco a nuestra comunidad es demasiado”, dijo Puente en un comunicado de prensa.
Por su parte, Jessica Karp Bansal, abogada que representa al grupo, dijo que los demandantes tienen derecho a solicitar esta orden preliminar para detener una práctica que consideran injusta e inconstitucional.
Dan Pochoda, director legal con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), calificó la demanda como un “antídoto” necesario.